La Revolución de Mayo. Cuestiones claves para su comprensión

 Por: Edgardo Atilio Moreno

Explicar el significado de la Revolución de Mayo de 1810, no es sencillo. Se trata de un hecho histórico complejo. Más aún porque la historiografía liberal lo deformó a designio con el objeto de convertirlo en el mito fundacional de la republica liberal.

Esa versión canónica, elaborada por Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre, se mantuvo incuestionada hasta que vino el revisionismo histórico y desmontó la mitología. Luego, lamentablemente, llegaron los revisionistas populistas y remozaron el mito con su mirada clasista y democratista. Pero la cosa no acaba ahí. En estos últimos tiempos apareció una modesta, aunque ruidosa corriente historiográfica, cuyos autores sostienen que nuestros patriotas fueron unos sediciosos al servicio de Inglaterra y unos endiablados liberales que traicionaron a España.  En consecuencia –según estos- nuestra independencia fue un acto completamente ilegítimo[1].

Estos insólitos cuestionamientos obligan al auténtico revisionismo a salir nuevamente a la palestra, pues esta nueva versión historiográfica no solo es tributaria de la liberal, sino que incluso viene a ser tanto o más nociva que esta; ya que no solo considera que nuestra independencia se la debemos a Inglaterra, sino que sostiene que nuestra nación es un engendro moderno, liberal, contractualista, nacido de una traición.

Urge entonces aclarar lo siguiente: Primero, que la nación argentina no nació en 1810, como afirman liberales y carlistas; sino que sus orígenes se remontan al siglo XVI, momento en que esta patria, este territorio, esta comunidad política, que poéticamente se denominaba “el Argentino Reyno”, ya existía;  insertada en el entonces glorioso imperio español pero con fisonomía propia[2]. Y segundo, que lo que hicieron nuestros patriotas en Mayo de 1810 fue algo perfectamente legal y absolutamente legítimo.

En este artículo nos avocaremos a esto último, y trataremos una serie de falacias sobre Mayo que son el resultado de un abordaje ideológico de la cuestión y de un relato que ignora o no tiene en cuenta ciertas cuestiones previas fundamentales.

La situación jurídica de los Reinos de Indias

La primera cuestión que se debe analizar, para comprender cabalmente lo que fue la revolución de Mayo, es cuál era el status jurídico de América en relación a la Corona de Castilla y a los demás reinos que la integraban.

Para ello tenemos que comenzar recordando que al iniciarse la conquista de América los propios españoles se dieron cuenta que había una cuestión moral de por medio, a saber: ¿con que título se podía hacer esa conquista? En efecto, estas tierras no eran res nullius, estaban pobladas en gran parte, les pertenecían a sus habitantes, por ende, esa posesión debía respetarse. Así se lo hizo saber Fray Francisco de Vittoria, al emperador Carlos V, cuando consultado por este, le respondió que los indígenas eran dueños de sus cosas, de sus tierras, y que sus republicas eran legítimas. ¿Entonces con qué derecho se podía llevar adelante la conquista de América? Había aquí un problema moral que resolver. Esto se debatió arduamente y se conoce como en la cuestión de los Justos Títulos.

Los teólogos y juristas abocados en el tema encontraron varios títulos que podían legitimar la conquista española: el derecho la guerra justa contra los aborígenes que desconocían ciertos derechos naturales (por ejemplo, el de transitar, explorar, comerciar); el derecho a ayudar a los pueblos aborígenes aliados (como los tlaxcaltecas); la defensa de la evangelización y de los indios conversos; la erradicación de los asesinatos rituales, a los que Vittoria llamaba sacrilegios; etc. Ahora bien, de todos estos argumentos, Castilla esgrimió el de la misión evangelizadora que el Papa Alejandro VI les dio a los reyes católicos Isabel y Fernando. Por eso la reina Isabel la católica, dijo en su testamento que el fin principal de la conquista fue el de la evangelización, y esto fue convertido en norma legal por las Leyes de Indias.

Fue así –con ese objeto- que América fue incorporada a la Corona de Castilla como un reino más, el Reino de Indias. Este dato es fundamental retener, porque América no pertenecía a España; es más, política y jurídicamente España no existía por entonces. Lo que existía en la península ibérica eran diversos reinos que se habían unido a la Corona de Castilla. Es decir, había varios reinos con un solo Rey. No era un solo reino, sin varios reinos unidos a la persona del Rey. Esto es lo que se conoce como una monarquía múltiple, es decir, un ordenamiento político en el que varios reinos, sin perder su identidad y  manteniendo sus propias instituciones, son gobernados por un monarca común[3].

Por eso, Carlos II, en el prólogo a la recopilación de las Leyes de Indias, en 1680, se presentaba como: rey de  Castilla, de León, de Aragón,  de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Gibraltar, de las indias occidentales y orientales… y en ningún momento dice rey de España.

Ello llevó –como hace notar el Dr. Sergio Castaño- a que uno de los grandes juristas de la escuela de Salamanca, Juan de Solorzano, dijera que el título del rey abreviado era el de rey de las Españas (o sea de los reinos peninsulares) y de las indias.

Entonces esto debe quedar bien en claro: las indias no formaron parte de Castilla, no fueron sus provincias y mucho menos sus colonias. Fueron un reino distinto, que tenía un órgano político supremo propio, el Consejo de Indias; y una legislación propia, las Leyes de Indias. Además, eran absolutamente inalienables e inajenables, pues así lo estableció el rey Carlos I en la Pragmática Sanción de 1520, y así mismo consta en la Recopilación de las Leyes de Indias, que establecían la obligación del Rey y de sus sucesores de conservar para siempre integro este territorio.

Se entiende pues que, dada esta situación jurídica, el único que tenía derecho a mandar en las Indias era el monarca de Castilla, nadie más. No podía hacerlo ningún otro reino, ciudad, u organismo peninsular. Además, debía hacerlo manteniéndolas integras y  respetando el pacto de vasallaje formalizado por Carlos I con sus súbditos americanos.

El contexto internacional y los objetivos de Inglaterra

El otro tema fundamental que hay que tener en claro es cuál era la situación política en Europa al momento de producirse la Revolución de Mayo; y cuál era el objetivo principal que buscaba Inglaterra en ese contexto. Para ello tenemos que hacer un breve repaso histórico:

En el año 1700 murió el ultimo monarca de la dinastía de los Austrias, Carlos II “el hechizado”. Luego de su muerte se inició una guerra por la sucesión, ya que este había dejado por heredero en su testamento a un borbón, Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV. La guerra terminó con la victoria borbónica frente a los partidarios de la Casa de Austria[4]. 

En realidad, los que mas se beneficiaron con esta guerra no fueron ni los españoles ni los franceses, sino los ingleses. Como dice Julio Irazusta “el siglo XVIII vio salir de la Guerra de la Sucesion española una Inglaterra pujante que aspiraba al primer rango en el mundo”[5]

En España el advenimiento de los borbones significó el abandono del ideal evangelizador de la hispanidad (que legitimó la conquista), y la instauración del absolutismo, el regalismo, y el centralismo administrativo al modo francés. A partir de entonces, las cortes españolas se llenaron de iluministas y masones,  como el marqués de Esquilache, Floridablanca, Cabarrus, Campomanes y el conde de Aranda; que difundieron las ideas de la Ilustración francesa[6].

A fines del siglo XVIII y principios del XIX, España y Francia firmaron los tratados de San Ildelfonso, una alianza para enfrentar a Inglaterra. Como consecuencia de ellos España entró en guerra al lado de Napoleón en contra de Inglaterra[7]. Esta guerra fue nefasta para España. De esta época son los planes ingleses para apoderarse de América. En 1805 la flota española fue destruida en Trafalgar y entonces Inglaterra con el mar a su disposición pudo realizar sus fracasadas invasiones de 1806 y 1807 en Buenos Aires.

Pero esta situación –de guerra entre España e Inglaterra- cambio drásticamente en 1808, cuando Napoleón se aprovechó que Carlos IV le había permitido pasar por España para atacar a Portugal, para apoderarse también de España[8]. El pueblo indignado ante esto se amotinó en Aranjuez y Carlos IV tuvo que destituir al primer ministro (el favorito de la reina) Manuel Godoy y abdicar a favor de su hijo Fernando.

Napoleón entonces citó a los dos a una conferencia en Bayona y allí ambos abdicaron a favor del corso, quien a su vez le pasó la corona a su hermano José Bonaparte.

Al enterarse de esto, la mayoría de los españoles se resistieron a Bonaparte, sobretodo en el sur y formaron juntas de gobierno a nombre del rey cautivo. Estas juntas enviaron representantes a Inglaterra y se firmó la paz.

A partir de entonces las relaciones entre ambos países cambiaron completamente. En enero de 1809 se firmó el tratado Apodaca- Canning e Inglaterra pasó a ser no solo la aliada de España sino también su protectora[9].

En consecuencia, para no afectar la lucha contra Napoleón que se libraba en la península, los ingleses dejaron de lado todos sus planes para apoderarse de las posesiones españolas en América o para promover la independencia de estas, y buscaron a toda costa que en estas tierras se mantuviera la paz.

Fue por eso que al otro día de producida la Revolución de Mayo en Buenos Aires, se presentó ante la Junta una comitiva al mando del capitán inglés Charles Montagu Fabian, para averiguar cuáles eran las intenciones de los patriotas; y luego de ello informó al Almirantazgo británico que Saavedra le había manifestado en esa reunión que “las intenciones y deseos de la Junta eran de continuar la más firme alianza con el rey  de Gran Bretaña para la defensa de los dominios de nuestro rey Fernando VII”. Así mismo informó que Juan José Castelli había dicho que estaban “determinados a hacer todo lo posible para conservar estos dominios para su amado Soberano el rey Fernando…”; a lo que el oficial inglés, satisfecho, les había contestado que: “estaba muy reconocido hacia la Junta por la declaración de sus sentimientos de adhesión a Inglaterra y de continuar constantes en su lealtad al rey Fernando”.

Esta postura de la Junta fue ratificada poco después, en junio, cuando el enviado de ella, Matías Irigoyen, le comunicó a Lord Strangford que “no tenían en el momento ninguna mira ulterior de independencia”[10].

Tal es así esto que, en efecto, no existe ningún documento de 1810, ni público ni privado, en que los patriotas mencionen la palabra independencia.

De modo pues que ni Inglaterra, ni los patriotas buscaban por entonces una declaración de independencia. En realidad, como dice Enrique Diaz Araujo, “Bonaparte era el único que si pensaba en la independencia americana, con vistas a perjudicar a Inglaterra y a España…”[11]

Sin embargo, el Corso estaba muy lejos de lograr ese deseo, pues la alianza entre Inglaterra y España era tan estrecha y real que su Majestad Británica declaró públicamente -el 13 de julio de 1810- que consideraba a “la vigorosa prosecución de la contienda en la península ibérica como esencialmente relacionada con la seguridad de sus propios dominios… (y que) la independencia e integridad de las monarquías españolas y portuguesas, y los verdaderos intereses de ambas, están mezclados íntimamente con la seguridad del imperio británico.”

En efecto, para Inglaterra la guerra contra Napoleón era de vital importancia, por lo que no sorprende que cambiara su política exterior y ya no tuviera como prioridad en América obtener el libre comercio, sino evitar que los americanos ocasionaran problemas al gobierno peninsular. Por ello, no solo se abstuvieron de incitar a los americanos a independizarse, sino que, por el contrario, les dejaron bien en claro a estos que no debían dar ese paso.

Así se lo hizo saber Lord Strangford a la Junta, por medio de las instrucciones que le dio a su agente Manuel Aniceto Padilla, en las que le ordenaba: “hacer presente al nuevo gobierno lo impolítico que sería por su parte ejecutar actos susceptibles de crear dificultades a la Gran Bretaña, mientras continúen sus relaciones con España… También hacerles presente, y  esto de una manera más urgente, lo loco y peligroso de toda declaración de independencia prematura, y de la necesidad, desde todo punto de vista, de que sigan preservado el nombre a la autoridad de su legítimo soberano.”[12]

Este cambio en los objetivos ingleses y la primacía que estos le dieron a sus intereses políticos (derrotar a Napoleón) por sobre la legalización del libre comercio también está bien documentado en una carta que lord Strangford le envía al Marqués de Wellesley el 1 de mayo de 1811, en la que informa que le hizo saber a la Junta “que la única pretensión que poseen los buenos oficios y  amistad de Gran Bretaña consiste en su total separación de Francia y en sus repetidas manifestaciones de lealtad a su legítimo soberano y no en las facilidades que habían concedido al comercio británico, que ellos parecían considerar como imponiendo a Gran Bretaña una obligación de aprobar o allanarse a todos sus procedimientos contra la madre patria.”

En definitiva: más allá que la historiografía liberal y anglófila haya querido imponer la idea de que la Revolución de Mayo es consecuencia de la política británica que buscó la independencia americana de España, lo real es que esta no tuvo tales objetivos ni ayudó en nada a los patriotas americanos.

La situación de la península y las disposiciones de la legislación española.

Finalmente debemos examinar cual era la situación de España antes de la revolución de Mayo y que preveía la legislación española para esa situación.

Sin lugar a dudas, la situación de España era de una notoria decadencia espiritual y material, a los ojos de muchos irreversible[13].

En el aspecto espiritual -como dijimos más arriba- la monarquía borbónica había abandonado el fin principal de su presencia en América, es decir, la evangelización. La expulsión de los jesuitas es el ejemplo más ilustrativo de ello. Pero, además, el clima moral en la corte borbónica era escandaloso. El rey Carlos IV, que había heredado de los Reyes Católicos el título de Su Majestad Católica, y  que por ende debía mostrar en público una vida coherente que  ese título; no solo se había rodeado de funcionarios masones e ilustrados, sino que toleraba los múltiples adulterios públicos y notorios de su esposa, la reina María Luisa de Borbón Parma; incluso había designado ministro a uno de sus amantes, el favorito, Manuel Godoy, un liberal partidario de la Ilustración y un corrupto[14].

Este ambiente de libertinaje desvergonzado, no solo era un insulto a la religión y a las buenas costumbres, sino que –a los ojos del pueblo- había desprestigiado enormemente a la monarquía.

Ahora bien, en el orden político, las cosas no estaban mejor.

Cuando Napoleón se apoderó del territorio español en 1808, y obligó a abdicar a Fernando VII; en la zona todavía no ocupada por los franceses se crearon Juntas de gobierno que luego se asociaron y dieron lugar a la Junta Central de Sevilla

Esta Junta, que gobernaba en nombre del monarca ausente, fue aceptada en América, a pesar de que no tenía ningún derecho a mandar en las Indias, era centralista y pretendía desconocer la autonomía de los americanos[15]. En efecto, en un manifiesto de fecha 26 de octubre de 1808, decía lo siguiente: “Las relaciones con nuestras colonias serán estrechadas más fraternalmente”. Es decir, la Junta Central desconocía el status político de los reinos de Indias y pretendía no solo gobernarlos, sino tratarlos como una colonia.

Por otro lado, era un organismo totalmente controlado y dependiente de los ingleses. Así lo dice impecablemente José María Rosa: “Los españoles luchaban por su independencia contra Napoleón pagando el precio de abandonarse a la dependencia británica. El poder detrás del trono en Sevilla es el embajador inglés, marqués de Wellesley, hermano  mayor de Wellington, y nada podía hacerse sin su  apoyo o consentimiento”[16].

Todas estas cosas sin duda se sabían en América, por eso algunos-como Juan José Castelli- ya por entonces decían que la Junta Central era ilegitima; y otros –como Cornelio  Saavedra- esperaban que “las brevas estén maduras”, es decir estaban atentos a la gota que colme el vaso. Y esa gota caería pronto…

En efecto, cuando cayó Sevilla a raíz de la debacle de las fuerzas anglo-españolas, los miembros de la Junta Central huyeron a Cádiz, que era el último reducto en manos españolas, pero al llegar allí, la junta de Cádiz los rechazó. Entonces estos se fueron al islote de León, cercano a Cádiz y bien protegido por los buques ingleses.

Allí buscaron escaparse en esos barcos, pero el vice cónsul ingles les exigió que antes de embarcarse nombrasen un consejo de regencia de 5 miembros, y les dio el nombre de 4 de ellos. Así fue que se armó el Consejo de Regencia, ese es el origen espurio del órgano político que se pretendía que los americanos acatasen. Una regencia que no la había nombrado nadie, que la armó Inglaterra, es decir que no tenía ninguna legitimidad, tal es así que Fernando VII cuando volvió los metió presos.

Esta situación de acefalia en el trono, de ocupación de toda la península española, y de ausencia de una autoridad legítima; es la causa del pronunciamiento de mayo. Y a este pronunciamiento se llega por aplicación lisa y llana de lo que preveía la misma legislación española.

En efecto, según mandaban las Partidas de Alfonso el Sabio[17], estando  vacante el trono, por enfermedad o incapacidad del rey, y si  este no había dejado regente, el poder  volvía a  los pueblos.

Y esta era la situación en España y esta es la normativa legal que se aplicó en mayo. Todo perfectamente legal, no hay ninguna sedición en lo hecho. El rey estaba preso en Valencai y no había dejado regente, entonces la ley establecía que el poder volvía al pueblo. Eso decía la ley, y eso mismo era lo que se enseñaba en la universidad de Charcas, el famoso el silogismo de Charcas que conocían todos los abogados como Moreno y Castelli que se habían recibido allá.

Esta teoría –como dice Diaz Araujo- no tiene nada que ver con la teoría del pueblo soberano de Rousseau o de Suarez, es una norma legal no es una cuestión ideológica.

Resumiendo entonces: la revolución de Mayo tiene una sola causa: la crisis de la monarquía española, puesta de manifiesto en la vacancia del trono, y la pretensión de una Regencia ilegitima de exigir la obediencia de los americanos que solo estaban obligados a obedecer al rey, puesto que los Reinos de indias estaban incorporados a la Corona de Castilla y eran autónomos.

Frente a esto, los patriotas hicieron lo que la ley les autorizaba:  “formar Juntas como en España” y en ello no había aquí ninguna cuestión ideológica[18], ni estaba aquí la influencia de otras revoluciones como la francesa o de otras naciones. Era solo una cuestión de hecho –la acefalia de la Corona- para la cual la legislación española preveía un remedio. Nada más.

Por eso la Junta de Buenos Aires prestó su juramento con el fin de: “Sostener los derechos y prerrogativas de la ciudad, y los augustos de nuestro soberano el Sr Rey D. Fernando VII”.

Derechos y prerrogativas que legalmente existían, y que se ejercieron sin mengua alguna de los derechos del rey ausente, para preservar estas tierras de las acechanzas extranjeras. Por eso Saavedra, en su Memoria autógrafa dirá: “A la ambición de Napoleón y a la de los ingleses de querer ser señores de esta América, se debe atribuir, la Revolución de Mayo de 1810″[19].   

Lamentablemente, el regencismo, primero, y luego un rey estulto y felón, no lo quisieron ver así. Y hoy tampoco lo quieren ver –a pesar del tiempo transcurrido- quienes interpretan ideológicamente la historia, llevando agua al molino de los poderes extranjeros interesados en nuestra auto-denigración.

 

---

[1] Entre esos autores podemos citar a los carlistas José Antonio Ullate Fabo y Miguel Ayuso, o al publicista Patricio Lons.

[2] Este tema es tratado, con la solvencia que lo caracteriza, por el Dr Antonio Caponnnetto en su excelente e ineludible libro “Respuestas sobre la independencia”.

[3] Este tema fue estudiado minuciosamente por el Dr. Sergio Castaño en su formidable libro “La forma política de la monarquía indiana y el fundamento de legitimidad de las juntas americanas”, en donde demuestra con abundante documentación que los reinos de Indias gozaban de autonomía y no se confundían con los demás reinos que pertenecían a la Corona de Castilla.

[4] La guerra de la sucesión española terminó con la firma del Tratado de Utrecht, de consecuencias negativas para la economía americana ya que España le concedió a Inglaterra el derecho de establecer asientos de negros (para vender esclavos en las posesiones españolas) y el navío de permiso, para introducir mercaderías en América. Lo que muestra que Inglaterra, ya por entonces había puesto en la mira al comercio con la América hispana como fundamental para su desarrollo.

[5] Irazusta, Julio. La influencia económica británica en el Rio de la Plata. Ed. Eudeba. Bs As. Pag 7

[6] Una consecuencia de la llegada a España del absolutismo borbónico, será la expulsión de los jesuitas.

[7] Por la firma de estos tratados Carlos IV le entrego la Luisiana a Francia, violando el deber de conservar íntegros los territorios americanos. Ya anteriormente Carlos III había conculcado este principio de la intangibilidad de los reinos de Indias al ceder las misiones orientales al Portugal.

[8] El paso de las tropas francesas por España, para atacar al Portugal lo acordó Carlos IV con Napoleón en el tratado de Fontainebleu, firmado en 1807.

[9] Dice José María Rosa, en Defensa y perdida de nuestra independencia económica” que “Inglaterra no ha de arriesgar gratuitamente las tropas de Wellington y la escuadra… exige y obtiene Canning que se otorguen amplias facilidades al comercio ingles para volcarse en América… el 14 de enero de 1809, se firmó el tratado anglo-español (Apodaca –Canning) con la cláusula adicional de otorgar facilidades al comercio ingles en América”. Por su parte Julio Irazusta –en La influencia económica británica en el Rio de la Plata- señala que: “Con la perspectiva abierta por el tratado de 1809 los comerciantes ingleses despachan a la América del sur ingentes cargamentos de sus mercaderías industriales…Cisneros, nombrado virrey de Buenos Aires para reemplazar a Liniers, llega a destino poco menos que escoltado por una expedición comercial británica”.

[10] Diaz Araujo, Enrique. Mayo Revisado, Tomo 1, pag 318.. Editorial UCALP. La Plata, marzo 2010

[11] Diaz Araujo, Enrique. Ob. cit, pag 297.

[12] Ibidem, pag. 331.

[13] Entre quienes consideraban que España estaba sumida en una decadencia moral absoluta y perdida irremediablemente estaba José de San Martin, por eso volvió a su tierra natal, para salvar aquí los restos de la hispanidad.

[14] Era vox populi, por entonces, que al menos dos de los hijos de la reina era producto de su relación con Godoy.

[15]Incluso la Junta Central se negaba a reconocer la autonomía de las Juntas provinciales de la Península, por eso la Junta de Sevilla se negó a reconocerla. Los autores que repudian nuestra revolución de mayo no reparan este dato y no consideraran traidores y sediciosos a los miembros de la Junta de Sevilla

 

[16] Rosa, José María. Historia Argentina, T. 2. La Revolución. Bs As. Juan C. Granda. 1964, pag 115

[17] Número 15 de la ley  3, de la Partida Segunda título 19.

[18] La casi totalidad de los protagonistas de Mayo desconocía la literatura de los ideólogos de la revolución francesa; y cuando en América se habla de despotismo en la mayoría de los casos se lo hace teniendo en mente el despotismo de los liberales de la Junta Central o del Consejo de Regencia. 

[19] Esta expresión se corrobora perfectamente con numerosos documentos y con los hechos. No pasa lo mismo con la famosa expresión de “la máscara de Fernando VII”, la cual no se respalda en ningún documento y es por lo tanto o una confusión época, es decir que se utilizó en una época posterior, o una reelaboración políticamente correcta en función del momento en que fue escrita; es decir 19 años después de los hechos de mayo y cuando su autor tenía 70 años.

Lord Strangford, Mariano Moreno y el rol de Gran Bretaña en la formación de la Junta de Mayo

 

Por: Pablo Yurman

 

A mediados de mayo de 1810 llegaba al puerto de Buenos Aires el buque inglés Misletoe, procedente de Europa. Traía noticias de la invasión francesa a España. Tal como muchos preveían, éstas daban cuenta de que había desaparecido toda autoridad metropolitana, lo que tenía incidencia fundamentalmente en los territorios ultramarinos del extenso pero ya decadente Imperio Español.

 

La imagen de la nave británica portadora de noticias que sonaban al “canto del cisne” de España sintetiza como pocas lo inédito de esa hora de la historia. Y también las múltiples confusiones a las que daría lugar la formación, el día 25, de la Primera Junta, expresión autónoma del gobierno del Virreinato, de carácter provisional y a la espera de la vuelta de Fernando VII (“prisionero” en un castillo en Francia) al trono.

Demás está señalar el interés británico por estas tierras. ¿Acaso no intentó Inglaterra dos invasiones al Río de la Plata en 1806 y 1807 que culminaron en rotundos fracasos militares? Hubo en carpeta una tercera (que se suponía la definitiva) al mando, nada menos, de Lord Arthur Wellesley. Pero la invasión francesa a España trastocó todos los planes y cambió las prioridades que ahora pasaban por lograr derrotar a Napoleón.

En dos ocasiones había intentado Inglaterra invadir el Río de La Plata. En el cuadro, la rendición de Beresford ante Liniers el 12 de agosto de 1806

Para no agregar más confusión conviene aclarar algunos puntos en el desarrollo de los acontecimientos de Mayo de 1810. La necesidad de formar una Junta que reemplazara al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros fue consecuencia directa de la desaparición de toda autoridad legítima en España. En otras palabras, Inglaterra no digitó ese movimiento en las piezas del tablero mundial. Lo que no obsta afirmar que, dado que las circunstancias llevarían a la formación de un gobierno autónomo en Buenos Aires como capital virreinal, la diplomacia británica procuró entonces promover a dicha Junta a personas de su confianza, o que al menos mirasen con buenos ojos su informal tutela del nuevo gobierno.

Enrique Ruiz Guiñazú, canciller argentino durante los primeros años de la década de 1940, en su biografía del embajador británico, Lord Strangford y la Revolución de Mayo (Buenos Aires, 1937), ofrece elementos de análisis sumamente interesantes. Con acceso a documentos exclusivos, muchos de los cuales estaban en poder de los descendientes del famoso diplomático inglés, incluida una copiosa correspondencia entre Strangford y el gobierno inglés, interesa destacar que de la lectura de la obra surge con claridad que la intención del autor fue la de remarcar su rol protagónico, si no en los sucesos de Mayo de 1810, al menos en la conformación de parte de la Junta y en la sugerencia a ésta de los primeros pasos institucionales a adoptar.

La biografía de Lord Strangford, por Enrique Ruiz Guiñazú

Aclaremos algo crucial para entender a los protagonistas. Lord Percy Strangford fue designado en 1806 embajador británico ante la corte de Portugal. Fue quien en 1808 ante la invasión francesa organizó el escape de la familia real lusitana y su instalación en Río de Janeiro, Brasil, sitio al que él mismo se trasladó y donde continuaría a cargo de la embajada de su país. Desde allí habría de seguir con particular interés los sucesos en el Río de la Plata. Labor ahora facilitada por la cercanía geográfica con Buenos Aires.

Ruiz Guiñazú destaca que en Inglaterra “la opinión librecambista marchaba a pasos de gigante”. En los hechos, el libre cambio impulsado por esa nación urgía la apertura de mercados donde colocar sus productos industriales. Cerrada la Europa dominada por Francia a tal posibilidad, perdidas años antes las colonias de Norteamérica, que además impulsaban un firme proteccionismo económico, sólo quedaba el vasto espacio hispanoamericano. Por tanto, quizás el mercado que no pudo conquistarse por las armas podría ahora ganarse por los hilos de la diplomacia.

Acá es donde aparece la figura de quién será Secretario de la Primera Junta, Mariano Moreno, que en 1809 había escrito su Representación de los Hacendados, obra en la que defendía la apertura del puerto de Buenos Aires al ingreso de productos industriales extranjeros. En la época, no hacía falta agregar la procedencia de tales mercaderías manufacturadas, puesto que en su inmensa mayoría eran inglesas.

Mariano Moreno no tuvo actuación destacada ni en la Reconquista (1806) ni en la Defensa (1807) de Buenos Aires. Tampoco participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Su designación en la Junta lo tomó por sorpresa

Pero interesa saber que Lord Strangford era un entusiasta del libro escrito por Moreno. Según Ruiz Guiñazú “En carta fechada en Río de Janeiro el 6 de febrero de 1810 se hace alusión a la obra, manifestando: ‘Las observaciones que ese documento contiene, y que descansan en los principios más liberales de economía política, ha producido, según se dice, un gran efecto en el ánimo del virrey español… Pero no me parece que hayan logrado inducirlo a separarse abiertamente del rígido sistema colonial español, de acuerdo con el cual se le ha ordenado proceder’…”

En rigor, más que “hacendados” y labriegos, quienes financiaron la obra de Moreno y le dieron difusión eran en su mayoría comerciantes británicos establecidos en Buenos Aires, a quienes interesaba particularmente constituirse en importadores habilitados de manufacturas británicas. Nuestro autor nombra algunos: Mackinnon, Crockett, Barton, Dowling, Dyson, Allsop, Ponsonby Staples y otros “cuyos nombres se han perpetuado en la sociedad argentina”.

Cabe destacar que Moreno, siendo porteño, no tuvo actuación destacada ni en la Reconquista (1806) ni en la Defensa (1807) de su ciudad. Tampoco participó, no obstante su condición de vecino, del famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y fue tomado por sorpresa con su designación en la Junta de Gobierno.

El 28 de mayo, siendo ya Secretario, redactó el memorial que la Junta dirigiría a Strangford para lograr su reconocimiento por el gobierno inglés. Llamativo que fuera el mismo Moreno quien, meses después, se opusiera tenazmente a que se incorporaran al gobierno los representantes de los pueblos del Interior. Quizás no sea casualidad. Algunos de ellos venían con instrucciones de sus provincias para proponer un sistema económico proteccionista de las industrias locales, lo que significaba el cierre al menos parcial del puerto de Buenos Aires. Si eso acontecía, aquellos comerciantes deberían volver a la ilegal práctica del contrabando, lo que los alejaba socialmente de que sus apellidos “se perpetuaran en la sociedad argentina” según nuestro ex canciller.

La Representación de los Hacendados: el ensayo de Moreno que agradó a Lord Stanford

Agrega Ruiz Guiñazú que “con la Revolución, había cambiado el escenario y sus hombres; al rigorismo del Consulado se opondrían ahora las amplias vistas del Doctor Moreno, que habría de tener la fortuna de llevar a la práctica desde el gobierno, lo que aconsejara desde su bufete de abogado. Sus conocidas ideas, expresadas en la Representación de los Hacendados y Labradores darían la pauta para una nueva orientación.”

Curioso que las pautas para una nueva orientación económica generarían gran encono en los pueblos del interior, que no se beneficiaban ni con el contrabando ni con la apertura indiscriminada que inundaba de manufacturas inglesas que ahogaban las muchas artesanías y productos industriales locales.

Por ello es que el famoso enfrentamiento entre Moreno y el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, no obedecerá ni por asomo a cuestiones de temperamento o de carácter. La burda simplificación según la cual Saavedra por su genio apocado y conservador, chocaba con el fogoso y entusiasta joven abogado porteño esconde el enfrentamiento de fondo. Aquél representaba, bien o mal, los intereses provincianos proteccionistas en materia económica, mientras que Moreno, según lo analizado, en plena sintonía con el hábil embajador británico en Río de Janeiro, era vocero de los comerciantes del puerto, no de labriegos y hacendados de la vastedad de la pampa.

El 26 de agosto de 1810 moría fusilado en Córdoba, por instigación de Moreno, el héroe de la Reconquista y la Defensa de Buenos Aries, don Santiago de Liniers. Es de suponer la satisfacción de Lord Strangford al enterarse de la noticia.

Mayo, visto por Federico Ibarguren

 

Por: Edgardo Atilio Moreno

Federico Ibarguren, en su clásico “Asi fue mayo”, sostiene que en toda revolución se dan tres fuerzas. Una, la de aquellos que quieren mantener el status quo, es decir que se resiste al cambio. La segunda, la de aquellos que no solo buscan el cambio, si no que lo quieren “a marcha forzada”, y hacen todo lo posible para “encaramarse en su cresta”, sea para satisfacer deseos de venganza o para ensayar planteos ideológicos, sin tener en cuenta la realidad ambiente.

Sin embargo –dice Ibarguren- “para evitar que la sociedad sucumba, entre la ceguera aferrada a un pasado muerto y la demagogia de los ideólogos forjadores de utopías, se hace preciso que una tercera fuerza surja, armonizando la tradición viva con la necesaria doctrina reformadora de lo caduco y petrificado que ha perdido vigencia. Pero esa tercera fuerza solo podrá tener estado político una vez eliminadas las dos tendencias extremas.”

Teniendo en cuenta esta especie de “ley de las revoluciones”, nuestro autor encuentra que en Mayo de 1810, las dos fuerzas que se enfrentaron y encendieron la chispa de la revolución fueron el Cisnerismo y el Morenismo; mientras que la tercera fuerza de equilibrio fue el Saavedrismo.

La primera fuerza –afirma Ibarguren- realizó una hábil maniobra para abortar la revolución en ciernes. Esta maniobra fue explicitada por el fiscal Villota, cuando en el Cabildo abierto del 22 de Mayo, se pronunció por el mantenimiento del Virrey Cisneros hasta tanto “los pueblos todos del Virreinato concurran con sus representantes a la capital”  para que una vez reunidos en un congreso recién entonces “resolver lo que corresponda”.

Esta propuesta tenía por miras neutralizar a quienes pedían la inmediata renuncia del Virrey, confrontándolos con los representantes de las ciudades del interior, los cuales “tenían agravios pendientes con Buenos Aires” ya que el puerto “había empobrecido a las industria vernáculas por obra del régimen de franquicias fiscales iniciado con el Bando de libre internación dado por el Virrey Ceballos en el año 1777.”

En efecto, dicha medida terminó con la Aduana Seca de Córdoba, creada para impedir que los productos que los ingleses y holandeses introducían por Buenos Aires arruinaran la industria artesanal del norte; y para impedir, asi mismo, que los metales del Alto Perú, el oro, la plata, etc, se drenara por el puerto.

La intentona, aunque inteligente, de los Cisneristas no dio efecto, pues los autonomistas eludieron la trampa invocando la teoría de la representación provisoria del interior dada la urgencia, y conformaron el primer gobierno patrio en nombre del rey Fernando VII, desconociendo la legitimidad del Concejo de Regencia peninsular, conformado sin la consulta a los americanos y por indicación de los ingleses en Cádiz.

“La consigna aventurada el día 22 de Mayo y adoptada al fin el 25 fue –dice Ibarguren- contra Napoleón, con o sin el rey, pero sin el Consejo de Regencia…” y el fundamento jurídico de ella fue que “América debía obediencia solamente al monarca y a sus herederos legítimos, por lo que caducando cualquiera de ellos, correspondía al pueblo velar por su propia seguridad, como descendiente que era de los primeros conquistadores”.

Constituida la Primera Junta, pronto uno de sus secretarios, el abogado Mariano Moreno, se convirtió en el hombre fuerte de este organismo gubernativo; no obstante su nula participación en los movimientos previos al 25 de mayo.

La razón de su inclusión en la Junta –sospecha Ibarguren- se debió muy probablemente al hecho de que este se desempeñaba como abogado de los comerciante ingleses en Buenos Aires, una corporación que presidia Mr Mackinnon; y asi mismo a que Moreno tenía como antecedente haber elaborado el documento conocido como la Representación de los Hacendados, en el cual defendió la libertad de comercio y propuso la derogación del proteccionismo comercial que impedía el libre ingreso de las mercaderías extranjeras por el puerto de Buenos Aires. Con lo cual se podía presumir que se trataba de un hombre favorable a los intereses económicos británicos en el Rio de la Plata.

No bien instalada la Junta –continua nuestro autor- “la guerra preparada por el Cisnerismo iba a estallar enseguida, entre el interior del Virreinato y su capital, con motivo del reconocimiento al Consejo de Regencia exigido por la Audiencia”. Ante esto Mariano Moreno “preparose para librar la batalla –en nombre de Fernando VII- en contra del Consejo de Regencia, y solicitó a cualquier costo, mediante promesas y concesiones leoninas, una alianza efectiva –económica y lo posible militar- con la Gran Bretaña.”

De modo tal que el conflicto no se planteó –como dice la historiografía oficial, ad usum scholarum- entre realistas y patriotas, pues ambos bandos reconocían al rey, sino entre quienes adherían al Consejo de Regencia y quienes se negaban a reconocer su legalidad. Y ante ese conflicto, ocasionado por el cisnerismo, Moreno creyó indispensable contar con el apoyo de Gran Bretaña. “De marcada formación utilitaria, el que fuera personero de Mr. Mackinnon en 1809, sin fe en la suficiencia criolla, creiase derrotado si no lograba de antemano el apoyo político –o la media palabra al menos- de Lord Strangford, con quien comenzó a cartearse a tales fines”; dice Ibarguren.

Sin embargo “desde la insurrección popular contra Napoleón en la península ibérica, Inglaterra era aliada de España… en esas condiciones no podía ayudarnos, como no nos ayudó, efectivamente. En los momentos difíciles no nos dio oficialmente ni un barco, ni un arma, ni un subsidio, ni un hombre”, sentencia nuestro autor.

El terror morenista

Si fue responsabilidad del cisnerismo dar inicio a una guerra civil fratricida en lo que fue el Virreinato, pesa sobre el morenismo el baldón de haber respondido con una política de terrorismo al estilo de los jacobinos franceses.

En efecto, sostiene Ibarguren, que la Audiencia al requerir de la Junta Provisoria el acatamiento al Consejo de Regencia, el día 10 de junio de 1810, comenzó con las hostilidades, y a partir de ahí “los acontecimientos pronto adquirieron un ritmo tremendo y verdaderamente revolucionario; el cisnerismo daría en Córdoba la cara contra la Junta. El 20 de junio su Cabildo prestó juramento de fidelidad al Consejo de Regencia en Cádiz, instado por la Audiencia de la capital. Lo propio acaeció en la ciudad de Montevideo y en la intendencia del Paraguay.”

Frente a esto –prosigue nuestro autor- “la reacción morenista no se hará esperar”. Cisneros y los miembros de la Audiencia fueron inmediatamente expulsados de Buenos Aires, con lo que “el españolismo quedo decapitado y definida la lucha en la capital”.

Acto seguido, el 27 del mismo mes, Moreno redactó de su puño y letra la implacable sentencia de muerte a los cabecillas de la reacción regentista en Cordoba, Don Santiago de Liniers, Don Juan Gutierrez de la Concha, el obispo Victorino Rodriguez, el coronel Allende y el oficial real Joaquin Moreno; “en el momento en que todos o cada uno de ellos sean pillados”.

Por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto y una vez desbaratadas las fuerzas organizadas por los cisneristas para marchar sobre Buenos Aires, Castelli procedió a ejecutar a los sentenciados (excepto al obispo) al frente de un pelotón de 50 ingleses que se habían quedado en el país luego de las invasiones.

En su Autobiografía, dirá Domingo Matheu que la terrible pena se aplicó pues los reaccionarios se habían propuesto “cortarles la cabeza”, a los miembros de la Junta si los vencían. Asi mismo, el morenista Rodriguez Peña, justificará lo hecho diciendo que actuaron asi “porque asi estábamos comprometidos a obrar todos… que fuimos crueles ¡vaya con el cargo! Mientras tanto ahí tiene uds una patria que no está ya en el compromiso de serlo. ¿Hubo otros medios? Asi será, nosotros no los vimos, ni creímos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójenos la culpa al rostro y gocen los resultados… nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres”.

Federico Ibarguren, historiador católico que no puede avalar el divorcio de la política y la moral, dice al respecto: “El maquiavelismo y la inescrupulosidad política, campean en cada uno de los párrafos del documento…” Y sostiene sin duda alguna que este proceder, para enfrentar al cisnerismo, surge del famoso Plan de Operaciones, redactado por Moreno. Afirma que: “la fiera garra del secretario de la Junta –jacobino por espíritu de conservación y anglófilo por utilitarismo- aparece condensada con toda claridad en los terribles párrafos de su Plan de Operaciones”.

En efecto, Moreno en dicho texto, no solo exigía actuar con rigor y aplicar la pena de muerte a todos los que se opusieran a la Junta, sino que además recomendaba respecto a Inglaterra, “proteger su comercio, aminorarle los derechos, tolerarlos y preferirlos, aunque suframos algunas extorsiones; debemos hacerles toda clase de proposiciones benéficas y admitir las que nos hagan… asimismo los bienes de Inglaterra y Portugal que giran en nuestras provincias deben ser sagrados, se les debe dejar internar en lo interior de las provincias…”

Incluso en el Plan aconseja a la Junta la entrega de la isla Martin García, para establecer un puerto franco; y en último extremo, la cesión de la Banda Oriental a cambio de protección efectiva por parte de Inglaterra.

Todas estas concesiones, ciertamente tenían un antecedente en la propia España borbónica, que se había aliado a Inglaterra para enfrentar la invasión de Bonaparte. Siguiendo ese ejemplo Moreno “proclamaba una fervorosa adhesión a don Fernando VII, sin perjuicio de otorgar franquicias –en lo económico y territorial- a Gran Bretaña, a fin de lograr su apoyo… y para ponerse a cubierto de una posible restauración del cisnerismo”.

Por otro lado, los actos de terrorismo no terminaron con el fusilamiento de Liniers y sus compañeros; Moreno ordenó en Instrucciones reservadas, a Castelli que “en la primera victoria que logre dejara que los soldados hagan estragos en los vencidos para infundir el terror en los enemigos”. Instrucciones que luego ratificara el 12 de septiembre de 1810: “la Junta aprueba el sistema de sangre y rigor que V.E. propone contra los enemigos…”.

Poco más tarde, después de la victoria de Suipacha –continua nuestro autor- “el mariscal Nieto, el general Córdoba y el intendente Francisco de Paula Sanz, eran fusilados en la plaza mayor de Potosí. Castelli cumplía así, al pie de la letra, las ordenes de su temible jefe y amigo”.

La tercera fuerza

Sostiene Federico Ibarguren que el extremismo del sector jacobino de la Junta porteña era visto con desagrado en el interior del país; y sobretodo, en Buenos Aires, por Cornelio Saavedra. El primer choque personal entre los referentes de estos dos sectores “produjose a raíz del decreto dado  el 16 de octubre por el que se ordenaba la expulsión y confinamiento de los miembros del Cabildo de la capital”. En esa ocasión Moreno había pedido la decapitación de todos ellos, a lo que Saavedra indignado se opuso diciéndole: “eche Ud y trate de derramar sangre, pero esté Ud cierto que si esto se acuerda no se hará. Yo tengo el mando de las armas y para tan perjudicial ejecución protesto desde ahora no prestar auxilio.” Con lo cual la propuesta de Moreno no se aprobó.

No obstante esto el morenismo contraatacó, y con el pretexto de un brindis imprudente que hizo en el cuartel de patricios el capitán Atanasio Duarte, Moreno dicto el famoso decreto del 6 de diciembre de 1810, por el cual se le quitaba a Saavedra los honores de escolta y demás prerrogativas debidas en virtud de su cargo.

Ante esto –dice Ibarguren- “…el cuerpo de Patricios, las milicias criollas y el pueblo suburbano que las formaba, juzgaron indispensable proceder en defensa propia a la separación del peligroso enemigo y de la facción de exaltados anglófilos que le hacía coro.” Para ello “aprovecharon la presencia en la capital de los diputados del interior, descontentos y recelosos de la política morenista…” y acordaron juntos su incorporación al organismo colegiado. Al respecto, trae a colación nuestro autor las cartas del Dean Funes a su hermano Ambrosio, en las que le contaba que “Moreno y los de su facción se van haciendo aborrecidos… se oye en el publico pedir que los diputados de las provincias entren al gobierno.” “Se ha aumentado mucho el clamor del pueblo porque los diputados tomen parte en el gobierno… Moreno se ha hecho muy aborrecido y Saavedra está más querido del pueblo que nunca”.

Fue asi que el día 18 de diciembre se aprobó –con la oposición de Moreno y Paso- la incorporación de los diputados de las provincias a la Junta; e inmediatamente “Moreno, acusando el golpe, presentó su renuncia… y Saaavedra lo destinó a Londres”.

En el barco ingles que lo trasladaba a su destino, Moreno enfermó y murió el 4 de marzo de 1811; “su cadáver fue entregado al mar envuelto en la bandera inglesa”.

Ibarguren concluye el relato de estos hechos diciendo: “con la muerte del lumen liberal porteño, la política revolucionaria iniciaba una nueva etapa dialéctica, de síntesis o equilibrio compensatorio, a cargo de la tercera fuerza que, respetuosa del pasado en muchos aspectos, ocupó de pronto el poder con el nombre genérico de saavedrismo”.

MAYO EN LA CAPITAL*

 

Por: Federico Ibarguren

La gente, al oír pronunciar el término revolución, asocia la palabra a escenas necesariamente terroríficas y termina, desde luego, espantada. La modificación del “statu-quo” personal —aunque sea sin riesgo de vida— es algo cuya sola posibilidad hace temblar de miedo al burgués. Vivir al día, en la incertidumbre, jamás hará feliz a un buen padre de familia. ¡Está tan lejos él de quienes, por su situación social o económica, nada tienen que perder con un cambio de régimen! Porque el burgués en general es anti-heroico por definición.

Otros, con menor proporción de bienestar doméstico, más inquietudes idealistas o resentimientos, buscan la revolución a marchas forzadas para encaramarse en su cresta —a costa de los hasta ayer satisfechos— ejecutando, desde arriba, su terrible venganza o ensayando, intransigentes, toda clase de hipótesis redentoras sin tener en cuenta la realidad ambiente.

La incomprensión, el odio o el fanatismo de entrambos grupos, antagónicos, al romperse los diques de la cotidiana rutina por la convulsión revolucionaria, hacen imposible —en razón de su unilateralidad— la convivencia social requerida para restablecer, poco a poco, el equilibrio alterado por el sacudimiento.

Para evitar que la sociedad sucumba entre la ceguera aferrada a un pasado muerto y la demagogia de los ideólogos —forjadores de utopías, abortadores de sueños— se hace preciso que una tercera fuerza surja armonizando la tradición viva, la costumbre actual, con la necesaria doctrina reformadora de lo caduco y petrificado que ha perdido vigencia.

Pero esa tercera fuerza, sólo podrá tener estado político una vez eliminadas —en forma violenta o por desgastes incruentos— las dos tendencias extremas a que me vengo refiriendo. La batalla empeñada por los energúmenos de la novedad contra los defensores del viejo régimen, debe ser previa y pública. Y es necesario, además, que sus efectos conmuevan la fibra del pueblo todo, amenazado en su integridad por el separatismo, la guerra civil o la intervención extranjera.

La ley de las revoluciones históricas aparece, así, como la resultante de una lucha sin cuartel entre dos términos negativos de vida. Las reformas verdaderas, la reconciliación de los espíritus, el orden estable —constructivo e institucional de la comunidad—, vienen recién más tarde. En el arca frágil de todo auténtico engendramiento, las eternas semillas cuidadosamente guardadas, duermen, como por milagro —y durante bastante tiempo—, su lenta fecundidad de destino.

Los factores en juego

En 1810, aquellos dos factores que cruentamente encendieron en Buenos Aires la chispa de la Revolución de Mayo —vale decir: la lucha del viejo régimen y el nuevo sistema—, llevan, en nuestra historia, nombres propios en su comienzo: Cisnerismo y Morenismo. La tercera fuerza de equilibrio aparece enseguida, a poco de caer exhaustas y en desprestigio las tendencias nombradas; se llama Saavedrismo. Ella continúa con tal denominación, hasta las postrimerías del año 1811.

Pero vayamos por partes. Si resultó anacrónica la doctrina sentada por el Obispo Lúe en el Cabildo Abierto del día 22, quien —según nos refiere López 1— “con modales y palabras agresivos dijo que estaba asombrado de que hombres nacidos en una colonia se creyesen con derecho de tratar asuntos que eran privativos de los que habían nacido en España, por razón de la conquista y de las bulas con que los papas habían declarado que Las Indias eran propiedad exclusiva de los españoles”; no lo fue tanto la sostenida por el fiscal Villota: “hombre de altas prendas morales y jurisconsulto sumamente respetado de los jóvenes legistas que encabezaban a los patriotas”. Al pronunciarse por el mantenimiento de las autoridades constituidas, hasta tanto “los pueblos todos del Virreinato concurran con sus representantes a la capital”; para, en un Congreso, “resolver lo que corresponda a la mejor conservación de los derechos del soberano de la metrópoli”, el fiscal preparaba, con apariencias legales, un golpe de muerte a la Primera Junta electa el día 25.

Porque el interior, rancio y proteccionista, tenia viejos agravios pendientes contra Buenos Aires, que había empobrecido las industrias vernáculas por obra del régimen de franquicias fiscales iniciado con el Bando de Libre Internación dado por el Virrey Ceballos el año 1777. Antes de constituido el Virreinato —razones de orden político y militar privaron sobre las económicas—, existían al Sur de Lima dos conglomerados territoriales de características propias y régimen legal diferente: el de los pueblos rioplatenses del litoral, y el de las ciudades más antiguas y mediterráneas del Tucumán.

Ambas zonas gozaban de un régimen económico sui-generis, de acuerdo a su configuración geográfica y a la proximidad o alejamiento que los separaba de los centros poblados y más ricos del Perú. La barrera demarcatoria, la línea fronteriza que dividió aquellos mundos, rivales en potencia, cuyo origen reconocía corrientes colonizadoras distintas (llegada del Este la primera; salida del Norte la segunda), era la Aduana Seca de Córdoba, establecida en 1622 “para impedir que los productos introducidos por ingleses y holandeses en Buenos Aires —señala José María Rosa (h) en «Defensa y Pérdida de nuestra Independencia Económica»— compitieran con los industrializados en el Norte. Y que el oro y los metales preciosos no emigraran hacia el extranjero por la boca falsa del Río de la Plata”. “Hubo así dos zonas aduaneras en la América Hispana —agrega el mismo autor—: la monopolizada y la franca. Aquella con prohibición de comerciar, y ésta con libertad— no por virtual menos real — de cambiar sus productos con los extranjeros. Y aquella zona, —la monopolizada— fue rica; no diré riquísima, pero sí que llegó a gozar de un alto bienestar. En cambio la región del Río de la Plata vivió casi en la indigencia. Aquí, donde hubo libertad comercial, hubo pobreza; allí, donde se la restringió, prosperidad”.

“La supremacía bonaerense durante la época colonial — escribe en este sentido Ricardo Zorraquín Becu 2— fue sin embargo demasiado breve para que el centralismo implantado con el virreinato y las intendencias echara raíces en las costumbres y se convirtiera en tradicional e indiscutido. Su elevación al rango de Capital no consiguió sofocar un antagonismo latente exacerbado con esta misma hegemonía; y la enemistad incubada durante la colonia estalló violentamente cuando Buenos Aires pretendió ejercitar fuera de las normas establecidas la superioridad que había conquistado a través de los siglos”.

La hábil maniobra Cisnerista de Villota —enfrentando a Buenos Aires con los pueblos del interior (que, como se ha visto, desde antiguo le eran hostiles), para destruir la revolución porteña en ciernes —fue lo que en definitiva azuzó al Morenismo a la lucha cruel. Ello provocó la estrepitosa caída del viejo régimen representado por Cisneros, e hizo imposible — con el apoyo de Inglaterra— toda reconciliación ulterior entre ambos bandos políticos.

Mr. Mackinnon y Moreno

Constituida la Primera Junta, las circunstancias la obligaron a aceptar, a más no poder, el principio de la convocatoria de un Congreso General del Virreinato integrado por representantes de tierra adentro, como lo propuso Villota tres días atrás.

El Cisnerismo, desalojado del Fuerte, preparaba solapadamente la insurrección general de las Intendencias contra la capital, cuya Aduana —desde su creación en 1778—, enriquecíase con la introducción de mercaderías de ultramar a costa de la miseria de sus hermanas, que debían soportar una ruinosa competencia.

Mariano Moreno, “excelente abogado del comercio inglés y patriota de última hora” —son palabras de Carlos Roberts 3—, acababa de ser nombrado Secretario del Gobierno Provisorio, cargo que aceptó sorprendido después de hondas vacilaciones, según nos cuenta su hermano Manuel. ¿Qué antecedentes ostentaba este joven de 31 años, graduado hacía poco en la Universidad de Chuquisaca donde fue a estudiar para sacerdote; relator de la Audiencia, más tarde, y defensor eficaz ante el Tribunal de minúsculos intereses de su clientela particular?

Hasta ayer nomás, había colaborado con el Virrey Cisneros en carácter de consultor privado; pues era menester dar cumplimiento —entre otras cosas— al tratado anglo-español del 14 de enero de 1809 que otorgaba a Inglaterra “facilidades” comerciales en América. Se le sabía, por otra parte, enemigo personal del caudillo Liniers —acaso por razones de política internacional—, y así lo demostró el primero de enero del año anterior al acompañar a Alzaga en el famoso motín de esa fecha, conjurado por Cornelio Saavedra. Y se le sabía también autor encubierto de la Representación de los Hacendados: alegato vehemente contra el sistema de comercio protegido, de España con sus colonias, que impedía la introducción a Buenos Aires de mercaderías extranjeras; en este caso, de procedencia británica.

A la sazón, actuaba de presidente de la Comisión de Comerciantes de Londres en Buenos Aires, el influyente Mr. Alex Mackinnon, quien, en tal carácter, tuvo oportunidad de relacionarse con el joven Moreno, contratando sus servicios profesionales. Acaso este acercamiento entre el  mercader anglosajón, agente del ministro Wellesley, y el talentoso criollo consultor del Virrey: “el primero de una larga lista de grandes abogados argentinos —señala Roberts4— que han representado profesionalmente, hasta el día de hoy, los importantes capitales e intereses comerciales ingleses”, tenga relación con la inesperada designación de este último para el importante cargo de Secretario del gobierno que reemplazaba a Cisneros. Levene, biógrafo y apologista del prócer, es quien en su obra «Ensayo sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno», parece insinuamos semejante posibilidad. Así en la página 87 —tomo II del referido libro— consigna la siguiente nota: “En cuanto al nombre de Moreno —aparte de su reputación como letrado y autor de la Representación de los hacendados —existen documentos que permiten afirmar que los ingleses tuvieron intervención en los sucesos del 25 de mayo5, circunstancia que acaso haya incidido favorablemente con respecto a la personalidad de Moreno”.

En este orden de ideas, pueden exhibirse, a no dudarlo, pruebas muy sugestivas. En efecto, el 15 de marzo del año 1810, Mr. Mackinnon escribía reservadamente al honorable Secretario de Estado del Departamento de Relaciones Exteriores de Su Majestad: “Aún los más confiados, en sus esperanzas y deseos para la seguridad de España, ahora desesperan, pero ninguna medida se ha tomado para prepararse para lo peor, la voz corriente es, independencia, bajo una estrecha alianza con Gran Bretaña. Bajo cual sistema será propuesta, todavía no ha sido contemplada”. Don Alejandro no sospechaba que el “sistema” de alianza se hallaba ya documentado en un memorandum de fecha 15 de noviembre de 1809, dirigido a Wellesley por Charles Stuart, importante funcionario de su ministerio. Ese documento (Expediente 72/90 del Departamento de Relaciones Exteriores), trata de los beneficios de todo orden que obtendría Gran Bretaña apoyando las tendencias emancipadoras del rico mundo hispanoamericano. Las condiciones de la ayuda quedan bien patentizadas en esta breve e inequívoca frase, con resonancias de ultimátum: “Acceso a sus puertos, la navegación de mares hasta ahora cerrados a los europeos y la libertad de comercio en sus ríos, son las ventajas reales a conseguir...”

Mariano Moreno era, sin duda, en esos momentos, el hombre fuerte que imponía orientaciones políticas al primer gobierno patrio. Y bien, el 12 de agosto, Mr. Mackinnon informaba a la Superioridad sobre las últimas ocurrencias revolucionarias, con estas palabras reveladoras: “No bien la Junta fue instalada, ella declaró, que los súbditos británicos no solamente quedaban libres de permanecer todo el tiempo que desearan (al margen —señalo yo— de las Leyes de Indias); sino también se nos anunció que gozábamos de toda la protección de nuestras personas y propiedades y una libre participación en las leyes y privilegios cívicos que ahora poseían los nativos”.

La guerra preparada por el Cisnerismo iba a estallar en seguida entre el interior del Virreinato y su Capital, con motivo del reconocimiento al Consejo de Regencia exigido por la Audiencia. Y Moreno, mientras pedía armas y prometía ventajas, privilegios y cesiones territoriales a Inglaterra —por intermedio de Matías Irigoyen, José Agustín de Aguirre y Tomás Crompton; o directamente del embajador Strangford—, mostraba a la faz de un mundo claudicante y desorientado su terrible garra de piloto de tormentas.

El Secretario de la Junta

La personalidad de Moreno no reside en el repertorio de temas revolucionarios que manejaba —en este punto adoptó las ideas del “mirandismo”—, sino más en su recio temperamento de luchador extremista. Ideológicamente, carecía de originalidad creadora. Sus doctrinas de segunda mano, nada nuevo agregaban a las ya muy divulgadas en España por la escuela liberal, con Campomanes y Jovellanos a la cabeza, el P. Feijóo y Montenegro y otros de menor categoría intelectual. Fundadas en principios generales: “nunca bien asimilados y difundidos, repugnantes en el fondo a las masas, hacían las veces de un cuerpo extraño y sin cesar provocan la resistencia de las fuerzas nacionales —ha escrito Alejandro Korn6—; no atinaron a otra cosa que traducir al español las frases jacobinas y se perdieron en la claudicación extraviada de los afrancesados o en las anticipaciones retóricas de las cortes de Cádiz”.

En América, las nuevas ideas hubieron de penetrar por imperio de “viles ministros de la impiedad francesa” —como los define Menéndez y Pelayo—; o filtradas por herejes y contrabandistas, mas que en virtud de la teoría o la enseñanza doctrinaria de la cátedra. Y lo mismo sucedió en el terreno de las concepciones económicas.

“Lo que ocurría en Cádiz en 1808 (por ejemplo) era exactamente lo mismo que sucedía en Buenos Aires en 1809... En España se defendía el comercio libre con los ingleses hasta en forma irónica y faltando en cierto modo el respeto a las autoridades —anota De Gandía en un trabajo sobre el prócer de Mayo 7—; Moreno, en su célebre «Representación de los hacendados» —añade—, defendió la libertad de comercio para el puerto de Buenos Aires con los mismos argumentos y a menudo las mismas palabras de economistas liberales españoles, que defendían idéntica libertad para los puertos de la Península”.

Moreno, discípulo del canónigo Terrazas —en cuya biblioteca había leído a los enciclopedistas  y filósofos de la Ilustración—, admiraba sinceramente el «Contrato Social» de Rousseau, que se encargó de difundir en la gran aldea con prólogo suyo, no sin antes haber expurgado de la obra toda referencia anticlerical o irreligiosa. Pero aparte de sus influencias librescas que, a mi juicio no lo definen, el joven Secretario demostró poseer —y lo acreditará desde el gobierno— un indomable temperamento (aunque sin descuido de las oportunidades) y un extraordinario temple para afrontar situaciones de responsabilidad o de riesgo. Desprejuiciado y audaz, nunca faltóle valor moral en los momentos difíciles de prueba. Fue, en esto, muy superior a Miranda, aventurero impenitente, a quien, más veleidoso que el pichón platense, los aires tropicales de la tierra natal llenáronle acaso el alma de románticas utopías incurables.

Moreno era, ante todo, un espíritu nervioso pero ejecutivo, no obstante su extraordinaria sensibilidad, que, al decir de su hermano Manuel 8: “fue el más sobresaliente de todos los elementos de su carácter, y que particularmente lo distinguió en todos los pasos de su vida”. En ocasiones violento y cruel; jamás fue impulsivo sin embargo. Faltóle la virtud de ingenuidad, característica en Belgrano, que hace buenos a los hombres. Por eso, quizás, obró implacablemente cada vez que se lo permitió el enemigo que tenía por delante. Maquiavelo criollo después del 25 de Mayo, representó ese papel más por obligación moral, por deber impuesto a sí mismo, que por espontáneas inclinaciones del espíritu.

A falta de auténtica popularidad, debió recurrir necesariamente a la maniobra, a la intriga política y a la pena capital como único recurso para imponerse.

En el fondo, eran bien fríos y prácticos sus amores al margen de la ley, con Gran Bretaña, a la que favorecía “pro domo sua” desde el gobierno. ¡Contradictorio carácter!

Los artículos de «La Gaceta» que dirigió, son retóricos cuando hablan de Inglaterra y evidentemente propagandísticos. Léase en cambio la espléndida página en que, sincerándose por un momento, nos relata Moreno el estado de su ánimo ante la caída de Buenos Aires —la “gloriosa” y “conquistadora” ciudad, como él la llamó— en manos del invasor inglés: “Yo he visto en la plaza llorar muchos hombres por la infamia con que se les entregaba, y yo mismo he llorado más que otro alguno, cuando, a las tres de la tarde del 27 de junio de 1806, vi entrar 1560 hombres ingleses, que apoderados de mi patria se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de esa ciudad”.

Y este otro brulote amenazador, donde repudia la conducta del capitán Elliot, quien había bloqueado nuestro puerto a poco de instalada la Primera Junta: “...el extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas puede proporcionarse...miremos sus consejos con la mayor reserva, y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelecamiento que le habían producido los chiches y abalorios”.

Pero ya era tarde. Moreno tenía en el gobierno sus días contados. Su política demasiado anglófila y terrorista, no podía ser, en efecto, popular. Como nunca, el pueblo de Buenos Aires, militarizado en las gloriosas jornadas de la Reconquista y la Defensa, por Saavedra y los suyos, respondía ahora al jefe con impresionante unanimidad. El Secretario, por contraste, estuvo ausente de la epopeya; fue mero espectador pasivo de los sucesos.

Esto lo inhabilitaba para ser caudillo. Además, el hombre no demostró fe en sus propias fuerzas ni en las de nuestro pueblo —para quien era un extraño—, creyendo que la salvación estaba en requerir ayuda de una gran potencia, en buscar apoyos garantizándolos comercialmente a cambio de influencias internacionales favorables a nuestra seguridad. Los fracasados planes de Francisco Miranda reverdecían, así, en las templadas tierras del Río de la Plata.

A lo antedicho venía a sumarse la inevitable pérdida de prestigio que acarreó a Moreno la sorda lucha de desgaste librada —en el Paraguay, Córdoba y el Alto Perú— contra el Cisnerismo, encarnado por figuras virreinales de la talla de Velazco, Liniers y Goyeneche. Pero tales acontecimientos merecen por su importancia en la marcha de la Revolución de Mayo, un capítulo aparte.

*Tomado del libro Así fue Mayo.